Hay armas de fuego a la venta en el ‘barrio chino’ y feria 16 de Julio

“Tengo una calibre 22 a Bs 450 y si quieres de mayor calibre te lo puedo conseguir”, dice Pedro, un vendedor del llamado “barrio chino” de la ciudad de La Paz, en la zona del Gran Poder. En la feria 16 de Julio de El Alto solo es cuestión de buscar para encontrar al proveedor.

No solo ropa usada o celulares de última generación —por lo general robados— pueden encontrarse en esta arteria, un submundo al que concurren diferentes tipos de personas.

Están las que quieren “aprovechar” que la mayoría de los objetos expuestos tienen un oscuro origen, por lo que son rematados a precio de “gallina muerta”, y también las que sufrieron el robo y que, en su afán de recuperar lo sustraído, van a tratar de capturar al ladrón o incluso a comprarlo de nuevo.

La Razón visitó el jueves 2 de julio la zona del Gran Poder. Son las 19.30 y la actividad es intensa. Finge estar interesado por algunos productos, cuando en medio del tumulto aparece Pedro, un hombre canoso de unos 50 años, quien ofrece primero un inofensivo cortauñas, luego destornilladores y alicates, y finalmente lanza su oferta más fuerte,

“Tengo una calibre 22, si quieres, a Bs 450, la próxima semana te lo puedo traer; pero eso sí, no tengo municiones”, dice en voz baja. Sin embargo, al cabo de unos segundos, cambia de opinión y pide “Bs 200 más a cambio de diez cartuchos”.

La transacción es, desde luego, ilícita y tiene pena de prisión según la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados —Ley 400— del 18 de septiembre de 2013.

La norma dispone una pena de 10 a 15 años de prisión, que se elevarán entre 12 y 18 años si el infractor fuera miembro de una asociación delictuosa, y entre 15 y 25 años si es integrante de una organización criminal de traficantes de armamento.

En la Feria 16 de Julio. En los sectores donde se venden vehículos y autopartes, celulares y otros rondan los contactos. Este hecho fue comprobado por Samuel Montaño, experto en armas y seguridad, quien realizó una investigación sobre el tráfico ilegal en el país para una organización no gubernamental alemana.

“Hicimos una investigación para Hanns Seidel, por lo que visitamos la feria 16 de Julio. Una vez en el lugar nuestros contactos nos vendaron los ojos con vista hacia el oeste, porque si veíamos al este de la ciudad se puede ver las antenas de televisión y podíamos orientarnos fácilmente. Llegamos a un lugar donde nos mostraron desde fusiles hasta ametralladoras”, recuerda.

Según él, uno de los principales proveedores al mercado ilegal son los armeros de las Fuerzas Armadas, “que son civiles que se encargan de arreglarlas y son los que las roban, inclusive dan informes de que un arma debe ser desechada o es inservible cuando no es así”.

La otra “viene desde dentro de las Fuerzas Armadas”. Durante su investigación descubrió a un militar ofreciendo un fusil SIG (de asalto) en la Ceja de El Alto.

“Esa persona nos dijo: ‘si un general ha vendido los misiles (chinos) y ha llegado a ser senador, porque no voy a vender un arma’. Eso nos muestra el grado de impunidad que existe en el país”.

Los más comercializados en ése y otros mercados clandestinos de ambas ciudades paceñas son el fusil FAL (asalto), el fusil M16-A3 (asalto), la pistola Beretta 9 milímetros (semiautomática) y el revólver (corto, semiautomático y cuyos proyectiles están en el tambor).

El fusil FAL de industria belga cuesta $us 1.200 en empresas o instituciones autorizadas, pero en el mercado informal puede llegar a costar entre $us 1.500 y $us 3.000. Todo depende del estado de conservación, según el investigador.

El M16-A3, también de uso militar y de fabricación norteamericana, en el mercado legal cuesta entre $us 1.000 y $us 1.100, pero en el ilícito bordea los $us 2.500. Clandestino. Lo contrario sucede con las pistolas, que son las más requeridas. El precio de una Beretta calibre 9 mm oscila entre $us 300 y $us 500, pero es comercializada clandestinamente hasta en Bs 800.

En el mercado informal se puede conseguir un revólver oxidado y antiguo en Bs 400; los que están en mejores condiciones pueden llegar a costar hasta $us 100.

Hasta hace un par de años, quienes deseaban adquirir un arma podrían hacerlo también en las ferreterías de la avenida Montes. Este medio hizo un recorrido por todos esos negocios y la respuesta de los dependientes, palabras más, palabras menos, coincide en que desde que se aprobó la ley, dejaron de venderlas.

El propietario de una reconocida ferretería —quien no quiere que se lo identifique— recuerda que hace unos años comercializaba escopetas para caza y rifles calibre 22.

“Pero desde la prohibición de la importación de armas ya no vendemos. Está prohibido hasta vender municiones, tiene que ir al Ministerio de Defensa, ahí tienen todo”.

Otro de los administradores de estos negocios cuenta que “ya no están a la venta porque está prohibido. Aquí han detenido a tres (personas), por vender esas cosas”.

La Razón le consultó al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, coronel Gary Omonte, sobre este tema. El jefe deja entrever que la Policía tiene conocimiento de que hay un mercado negro, donde se trafican estas piezas sin control.

“Sí (se venden), en todas partes en realidad, pero estamos buscando a esa gente, porque la venta es ilegal, por eso estamos siempre atentos”, puntualiza Omonte.

Consultado sobre el destino que corren los instrumentos letales que son secuestrados en los distintos operativos que realiza la Policía contra bandas de atracadores, nacionales o extranjeros, Omonte explica que la fuerza pública pone en conocimiento del Ministerio Público el secuestro de las piezas.

La Fiscalía, a su vez, pone el caso en manos de un juez de instrucción penal cautelar, que es el que ordena “que se mantengan en custodia, porque son la evidencia”.

En estos casos, la Policía investiga la procedencia de los instrumentos y si la persona que lo portaba contaba con un permiso. Si el resultado devela que la posesión es irregular, su situación legal puede complicarse.

En lo que va del año, de acuerdo con un recuento hecho por este diario, en Bolivia se perpetraron al menos 38 atracos armados, de los que 25 (el 66%) ocurrieron en Santa Cruz y los otros 13 sucesos, en cinco departamentos.

Ley. Según una fuente policial que pide que no se publique su nombre, se sospecha que las armas con las que se cometen atracos y ajustes de cuentas llegan desde puntos fronterizos y son intercambiadas entre los grupos delincuenciales que operan en Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, impulsó en 2013 la aprobación de la Ley 400, “después de realizar un diagnóstico y una evaluación que determinó que las causas de la multiplicación de los hechos delincuenciales son el excesivo consumo de alcohol, el tránsito de drogas por el país y el uso de armas”, recuerda el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez.

Dicha norma establece el desarme voluntario en un periodo de 180 días después de su promulgación y tras el establecimiento de un organismo que se encargue del registro y de la otorgación de licencias.

El 5 de noviembre de 2014 —un año y un mes después— se aprobó el Decreto Supremo 2175, que establece las directrices para la aplicación de esta norma, sin embargo, su aplicación no es del 100%.

La normativa busca regular la fabricación, importación, exportación, comercialización, enajenación, donación, transporte, tránsito, depósito, almacenaje, tenencia, manipulación, empleo, portación, destrucción, desactivación, rehabilitación, registro, control, fiscalización, secuestro, incautación, confiscación y otras actividades relacionadas con el uso de estos instrumentos letales.

Apuntes sobre el tema

ReducciónSegún Samuel Montaño, en Colombia y Perú, el control de armas y las medidas para sancionar a las personas que trafican con ellas, redujeron el número de muertes violentas, entre 50 y 60%.InternetEl experto asegura que también hay ofertantes de estos instrumentos por internet, incluso con los proyectiles.

En septiembre empezará el registro y el desarme

Se abrirán oficinas en los nueve departamentos para el desarme voluntario

A partir del 1 de septiembre comenzarán a funcionar las oficinas para el registro y entrega voluntaria de armas de fuego en los nueve departamentos de Bolivia, informó a La Razón el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez.

“El Ministerio de Gobierno está trabajando en una campaña para el registro y la entrega voluntaria, que comenzará el 1 de septiembre, cuando empiecen a funcionar las oficinas en los nueve departamentos. Allí la población debe acercarse y quienes las tienen en su poder deben depositarlas”, explicó.

Según la autoridad, solo los propietarios de instrumentos de uso deportivo y de calibres menores que tengan una justificación para su tenencia podrán quedarse con ellas.

El Decreto Supremo 2175 determina que solo las pistolas, revólveres y rifles de calibre 22 corto, largo y magnum son de defensa personal.Mientras que las de caza son las escopetas en todos sus calibres de ánima (interior del cañón), liso, de cañón simple o doble.

Además tiene un acápite sobre las piezas antiguas, que son las fabricadas antes de 1899.

“Las armas históricas serán declaradas como tales previa certificación emitida por el laboratorio de pruebas y la Academia Boliviana de Historia Militar”, dice la norma.

fiscalización. La Ley 400 o Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, del 18 de septiembre de 2013, dispone en el artículo 16 la creación del Registro General de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos (Regafme), que permitirá que la información registrada sea almacenada en tiempo real.

La norma además determina que el Ministerio de Gobierno es el que debe elaborar el Plan Nacional de Desarme Voluntario Anónimo que prevé mecanismos de incentivo.

En noviembre de 2014, el Gobierno anunció que ofrecía víveres a cambio del desarme, sin embargo, dicha medida no se puso en marcha.

Estructura del nuevo registro

APUNTESEl Regafme tendrá cuatro archivos: el Registro Clasificado de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos de Uso Militar (Reacum); el Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil (Reafuc); el Registro Clasificado de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos de Uso Policial (Reacup); y el Registro de las Empresas (Regem).

El IITCUP todavía no emite licencias

Han pasado un año y nueve meses desde que la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (Ley 400) fue promulgada, pero hasta la fecha todavía no se emiten licencias de portación.

En mayo de 2014, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) dejó de otorgar estos permisos. La nueva norma dispone que el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas (IITCUP) de la Policía Boliviana es el que debe hacerse cargo, sin embargo, hasta la fecha no lo hizo

La Razón se comunicó con personeros del instituto y con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano, pero nadie quiso dar declaraciones del por qué.

Una fuente que pidió no ser identificada dijo que existe un plazo legal y que a partir de septiembre se iniciará este trabajo.requisitos. El Decreto Supremo (DS) 2175, que reglamenta la Ley 400, establece que los civiles deben cumplir con cuatro requisitos para ser considerados aptos para portar armas de fuego.

El primero, aprobar el examen de aptitud; segundo, la evaluación física y mental llevada a cabo por peritos; tercero, superar una prueba teórica de conocimientos generales de la normativa vigente y de las medidas de seguridad para el uso de armas de fuego; y cuarto, valoración práctica de su uso.

Otro de los requerimientos que deben presentar los interesados es un certificado de antecedentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) debido al incremento de los feminicidios en Bolivia.

Asimismo, el decreto reglamentario clasifica las licencias en cuatro tipos. La clase A para defensa personal; B para fines deportivos, la C para caza y la D para tener armas de colección.

Quienes soliciten permiso para portar una para defensa personal deben presentar la justificación documentada de la situación de “inseguridad extraordinaria” en la que se encuentran.

Quienes practican tiro deportivo tienen que documentar su pertenencia a una organización de ese tipo. Los que realizan actividades de caza necesitan la autorización de la autoridad ambiental competente, dice.